Canasta Alimentaria 2018

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El costo de la canasta alimentaria urbana pasó de $1,408.28 (mayo 2017) a $1,472.75 (mayo 2018), cuyo incremento fue de 4.6%, mientras que el costo de la canasta alimentaria rural pasó de $1,002.98 (mayo 2017) a $1,042.60 (mayo 2018), con un incremento 4.0% http://bit.ly/2cdA9E7 #CanastaAlimentaria #MediciónDePobreza

 

Evaluación estratégica de protección social en México: no bastan pisos mínimos, es imprescindible garantizar la calidad, la accesibilidad, la igualdad y la garantía de un sistema de protección social universal

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La protección social tiene como antecedente el establecimiento de la seguridad social en 1943, con la Ley de Seguridad Social, cuyo artículo 2 dispone que “la seguridad social tiene por fin garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que estará garantizada por el Estado”.

Uno de los objetivos principales de los esquemas de protección social es ofrecer a los trabajadores protección económica y de salud ante la vejez, la discapacidad y la muerte, así como ante la maternidad, enfermedades y accidentes que ocasionen incapacidad temporal para trabajar.

Aunque en la Constitución se señala la obligación del Estado de garantizar la seguridad social de los mexicanos, los datos de pobreza dados a conocer por el CONEVAL en 2016 dan cuenta de una disminución en el porcentaje de mexicanos que carecen de acceso a la seguridad social: 55.8% (68.4 millones de personas) respecto a 60.7% del año 2010. A pesar de la disminución, esta es aún la carencia social que presenta los niveles más altos de rezago.

Y es que, hoy día, tal como lo señala el CONEVAL, “la seguridad social no ha podido cubrir a todos los trabajadores y a sus familias ya que la legislación social sobre seguridad social ha quedado rezagada frente a las nuevas configuraciones de familia, por ejemplo, no considera la protección de los conyugues del mismo sexo y las familias homoparentales, lo que produce un nuevo tipo de exclusión a la seguridad social”.

Sin duda, la protección social es más amplia gracias a la cobertura de los programas no contributivos, tales como el Programa de Apoyo al Empleo, el Seguro Popular, el Seguro Médico para una Nueva Generación, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Pensión para Adultos Mayores y el Seguro para Jefas de Familia.

En el libro Evaluación estratégica de protección social en México, editado por el CONEVAL, se señala que la protección social —entendida como el conjunto de intervenciones de política pública cuyo objetivo es incidir en el manejo de riesgos que afectan el nivel de ingreso y consumo de la población durante su ciclo de vida— no está integrada y tiene problemas de concepción a nivel global que se reflejan en que las políticas de desarrollo social no están asociadas a derechos y no benefician a todos los mexicanos.

Asimismo, el acceso y calidad de los programas sociales es desigual y la complementariedad entre dependencias y entidades para llevarlos a cabo es débil además de que no existen instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable que podría caer en situación de pobreza o pobreza extrema con cualquier crisis inesperada.

En el informe, además, se hace un análisis de los riesgos asociados a la protección social que enfrentan los mexicanos durante el transcurso del ciclo de vida, los agrupa en cuatro dimensiones y considera que deben ser objeto de un sistema de protección social:

La primera se refiere a la falta de acceso a los servicios de salud que, además de repercutir en las condiciones de salud, incide en el gasto familiar. Esta dimensión tuvo avances importantes: la población con carencia de acceso a la salud, de acuerdo con las cifras del CONEVAL disminuyó 59.9% entre 2008 y 2016, esto equivale a que 23.8 millones de personas lograron acceso a los servicios de salud en ese periodo. Además de que la afiliación al Seguro Popular y al Seguro Médico para una Nueva Generación creció de manera importante, lo que representa un logro hacia la universalización de la cobertura en salud.

La segunda se refiere al trabajo y a su vez al desempleo, a la desocupación y subocupación, así como al periodo de licencia posparto y a la carencia de estancias o guarderías que les permitan a los padres o tutores continuar trabajando y, como consecuencia, tener un efecto en el ingreso de sus hogares. Además, la oferta de servicios de cuidado infantil, aunque diversa, no es suficiente en cuanto a lograr un equilibrio entre los horarios laborales y los de atención de este servicio.

Respecto a esta dimensión, como señala el informe, el nivel de tasa de desocupación parece bajo si se contrasta con los países que integran la OCDE, pero ello se debe a que la tasa de desocupación en el país no registra con precisión la alta rotación. La capacidad de atención de los programas de apoyo al empleo analizados es insuficiente (1.3 millones de personas atendidas en 2016) para aminorar el nivel de desocupación (1.9 millones en el mismo año).

Otro dato importante es sobre la participación de las mujeres en el ámbito económico, la cual ha aumentado pero se ha estancado en los estratos más pobres.

La tercera dimensión se refiere a las pensiones de vejez, ya que el sistema genera una desigualdad horizontal, pues dependiendo del lugar de residencia o sector laboral, los trabajadores tienen acceso a paquetes de beneficios muy diferentes.

Finalmente, la cuarta alude a un ingreso insuficiente o menor a la línea de bienestar económico, aunque el programa PROSPERA es una de las acciones que se han emprendido para enfrentar contextos económicos adversos, por su diseño, no es adecuado para enfrentar crisis económicas coyunturales. Por el contrario, el Programa de Empleo Temporal y su ampliación a zonas urbanas es una respuesta más eficiente a este tipo de crisis pero su cobertura y el monto que otorga no es suficiente.

El nuevo gobierno deberá enfrentar diversos retos en la seguridad social en el conjunto de políticas públicas que garanticen no solo el acceso a los servicios, sino a su calidad. Al momento se ha logrado establecer pisos mínimos en el acceso a los derechos sociales.

La Evaluación estratégica de protección social en México hace un contundente análisis sobre los riesgos en el tema y hace una propuesta general para enfrentarlos y constituir una base del sistema de protección social que contribuya al ejercicio efectivo de los derecho sociales, esté integrado conceptual e institucionalmente y tenga cobertura para toda la población y disponga de instrumentos para enfrentar tanto riesgos de largo como de corto plazo. Esta segunda edición, editada por el CONEVAL, busca fortalecer la discusión en torno a una de las problemáticas más complejas que afecta a los mexicanos.

Descárgalo aquí:

#15PREGUNTAS PARA ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA SOCIAL

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El CONEVAL ha escuchado con gran interés cada una de las propuestas que han elaborado los candidatos a la Presidencia de la República en materia de política social.

Las propuestas que se están generando en estas campañas políticas para cargos de elección popular son el inicio de lo que en un futuro podría ser un programa o una acción que se plasme en el Plan Nacional de Desarrollo y que guíen un sexenio.

Hace unos días, el CONEVAL hizo llegar un cuestionario con 15 preguntas a todos los candidatos a la Presidencia, con el propósito de que cada una de sus propuestas de política social pueda ser analizada bajo la mirada de este cuestionario.

La sugerencia que les hizo CONEVAL fue que los equipos de campaña reflexionen sobre sus propuestas de política social y publiquen la información en sus páginas de Internet para que pueda ser analizado por la ciudadanía.

Estamos convencidos que este ejercicio podrá dar mayor claridad a sus propuestas de política social y servirá como guía para que el electorado cuente con mayores herramientas para valorar las estrategias que se están proponiendo.

A continuación, mostramos el listado de las 15 preguntas que le hizo llegar el CONEVAL a los candidatos a la Presidencia:

 

 

 

 

Evaluar, ¿para qué? Diez años de evaluación de la política social en México.

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Aunque desde 1970 se realizaron en México algunas acciones para implementar la cultura de la evaluación, no fue hasta 2004 que el Congreso aprobó la Ley General de Desarrollo Social que da forma al Sistema de Monitoreo y Evaluación en México en el ámbito del desarrollo social.

La Ley establece la creación del CONEVAL como una instancia con autonomía técnica y de gestión cuyo objetivo es evaluar la política de desarrollo social y medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.

Y, ¿para qué evaluar? La evaluación y el monitoreo proporcionan información puntual a los responsables de operar los programas sociales, diseñar estrategias, planear el gasto público, así como a quienes toman decisiones para mejorar la política pública; además, la evaluación tiene una ventaja adicional en una sociedad democrática: es una herramienta que respalda la rendición de cuentas.

En ese sentido el Consejo ha desarrollado diversos instrumentos de evaluación desde 2008, con lo que ha generado información técnicamente sólida sobre las intervenciones gubernamentales, la cual se encuentran disponibles en la página del CONEVAL para su consulta.

El primer pilar de la evaluación es la medición multidimensional de la pobreza porque además del bienestar económico, contempla los derechos sociales y establece un piso mínimo, así, este primer pilar define el eje para analizar la política de desarrollo social y proporciona un diagnóstico de esta sobre la cual se traza la planeación.

El segundo pilar es la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) con el propósito de alinear y medir los avances de los programas respecto de los objetivos e indicadores definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como de los programas sectoriales que de él derivan.

El tercer pilar está integrado por los elementos del esquema de evaluación: el Programa Anual de Evaluación (PAE) y los tipos de evaluación. El propósito del PAE es dar a conocer las evaluaciones que deben realizar todos los programas de la Administración Pública Federal en el ejercicio fiscal en curso. El PAE se emite de manera conjunta entre el CONEVAL y las secretarías Hacienda y de la Función Pública.

Finalmente, el cuarto pilar tiene que ver con el seguimiento a las recomendaciones formuladas en las evaluaciones externas y el uso de los hallazgos para mejorar y reorientar la política de desarrollo social.

sistema-de-monitoreo-y-evaluacion-para-el-desarrollo-social-en-Mexico

El libro La política de evaluación en México: 10 años del CONEVAL sintetiza la manera en que se ha diseñado y llevado a cabo, desde el Consejo, la política de la evaluación de los programas de desarrollo social en el país.

La evaluación es un instrumento que, además de que permite la mejora continua de la política pública de desarrollo social, fortalece la democracia porque, por un lado recopila la evidencia de las políticas que funcionan y, por otro lado, con los resultados de las evaluaciones se apoya el proceso de rendición de cuentas. Finalmente, también es un elemento fundamental para apoyar la toma de decisiones.

Te invitamos a descargar y conocer más sobre la evaluación en México: https://bit.ly/1UQtdv1

 

Novedades Editoriales CONEVAL

Principales obstáculos para acceder al derecho a la educación

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El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, publicado por el CONEVAL, señala que la carencia por rezago educativo disminuyó de 2008 a 2016, al pasar de 21.9 a 17.4%.

Sin embargo, persisten dificultades económicas y condiciones que generan diferencias en las oportunidades de aprender de la población. Por ejemplo, los menores de edad que viven en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo, no asisten a la escuela, dicha situación se agrava para los menores indígenas.En relación con los espacios educativos, la falta de mobiliario para sentarse y materiales para escribir persiste en algunas primarias.

En lo referente a la población indígena, los bajos niveles de educación continúan siendo un obstáculo por sí mismo para acceder a mejores oportunidades laborales.

En tanto, las mujeres en edad normativa escolar, que se encuentran en situación de embarazo y maternidad, también encuentran dificultades para acceder a la educación obligatoria, ya que esta no se ha vuelto accesible a sus circunstancias.

Otro de los sectores que enfrenta obstáculos para acceder a la educación es la población con discapacidad, ya que en 2016 presentó mayores porcentajes de rezago educativo y menores de asistencia escolar para todos los niveles educativos en comparación con las personas sin discapacidad.

Frente a esta situación, en el Informe de Evaluación 2018, el CONEVAL propone diversas recomendaciones para lograr un acceso efectivo al derecho a la educación.

Conoce la información detallada sobre el acceso al derecho a la educación en la versión completa del IEPDS 2018 Obstáculos para acceso a la educación

Canasta Alimentaria abril 2018

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El costo de la canasta alimentaria urbana pasó de $1,400.27 (abril 2017) a $1,482.54 (abril 2018), cuyo incremento fue de 5.9%, mientras que el costo de la canasta alimentaria rural pasó de $994.85 (abril 2017) a $1,053.08 (abril 2018), con un incremento de 5.9% http://bit.ly/2cdA9E7 #CanastaAlimentaria #MediciónDePobreza

Los porcentajes de muerte materna y sus causas: indicadores significativos sobre el acceso y la calidad de los servicios de salud en el país

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De acuerdo con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. A su vez, la Ley General de Salud (LGS) establece que   la atención materno-infantil es motivo de salubridad general y se incluye en el paquete de servicios básicos de salud dirigidos a toda la población. Es por ello que su análisis resulta tan importante.Los programas de atención materno-infantil, que surgieron en la década de los cuarenta con la seguridad social, están en proceso de mejora continua para extender su cobertura y calidad, pues uno de los indicadores más importantes para medir los servicios de salud en el país es justamente el porcentaje de muerte materna y sus causas.

México, para el año 2030, busca alcanzar la integración funcional del Sistema Nacional de Salud y la mejora en el acceso equitativo de las mujeres a los servicios de salud.

Con la finalidad de contribuir a lograr los objetivos planteados, el CONEVAL hace una investigación que da a conocer en el libro Evaluación estratégica sobre mortalidad materna en México, la cual da cuenta de las características sociodemográficas de quienes fallecieron por las principales causas de muerte materna.

Los resultados se exponen según las causas: enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE), hemorragia obstétrica, aborto, sepsis y dos causas indirectas: síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) e influenza. Cada apartado aborda aspectos clínicos relevantes y se analizan casos paradigmáticos que reflejan la problemática en el acceso a los servicios y en los procesos de atención durante la gestación de las mujeres fallecidas.

Como ejemplo de lo que podemos encontrar, se cita que la hemorragia en las complicaciones obstétricas es una de las causas que requiere atención inmediata y depende de la disponibilidad de un banco de sangre.

De lo anterior se deduce que la limitación para el acceso a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva para esta emergencia genera demoras en la atención: cerca de la quinta parte de las mujeres incluidas en este estudio no recibieron atención médica antes de morir.

Con la detección de las problemáticas con respecto al acceso y calidad de los servicios de salud que influyen en los porcentajes de mortalidad materna en México, se podrán tomar decisiones para cambiar el rumbo de muchas mujeres que puedan estar en situaciones parecidas a las que se narran en este documento.

Consulta el documento en: https://bit.ly/2JMsZmm


Es necesario mejorar el acceso efectivo en el derecho al trabajo

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En América Latina, México es reconocido por ser el primer país en declarar constitucionalmente el derecho al trabajo al incorporarlo en el artículo 123 hace poco más de cien años.

En el Informe De Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social analiza diversas dimensiones y subdimensiones que atañen al derecho al trabajo digno y a las dificultades que enfrentan algunos grupos vulnerables para ejercerlo.

Entre los principales hallazgos, el Informe destaca que en el periodo de 2010 a 2017, el porcentaje de la población desocupada descendió de 5.3 a 3.3%, pese a esto, un porcentaje de la población continúa en la informalidad laboral. Además, la disminución del desempleo encubre situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones.

Los jóvenes son uno de los grupos de población con mayores dificultades para incorporarse a empleos formales. En 2017, del total de este grupo de la población, 59.9% se encontraba en empleos informales.

Del mismo modo, pese a que en los últimos 40 años la participación de las mujeres en el trabajo remunerado se ha incrementado de 17.6 en 1970 a 43.2% en 2017, la tasa de informali­dad laboral es de 56% para este género, mientras que en los hombres es de 49.2%.

Para mejorar el acceso efectivo a este derecho, el CONEVAL recomienda reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias específicas de formalización para los grupos vulnerables.

Consulta un panorama del acceso al derecho al trabajo y las recomendaciones completas emitidas por el Consejo, en la versión del Informe de Evaluación 2018.

Panorama de la situación de niñas, niños y adolescentes para ejercer sus derechos

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En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, publicado por el CONEVAL, se aborda de manera detallada un panorama en torno los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Asimismo, emite recomendaciones para fortalecer las políticas públicas dirigidas a este grupo de población.

En 2016, 52.3% de niñas y niños se encontraban en situación de pobreza, mientras que, en adolescentes, el porcentaje es de 48.8%. El panorama se vuelve complejo en el caso de los menores indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80%.

Para el CONEVAL, la atención a la pobreza en la niñez es prioritaria porque existe una mayor probabilidad de que se vuelva permanente y sus consecuencias sean negativas e irreversibles, por tal razón considera necesario intensificar los esfuerzos para mejorar la situación de los menores en contextos vulnerables.

Para acceder a su educación, un porcentaje importante de niños, niñas y adolescentes se enfrentan a obstáculos como el excesivo tiempo de traslado y la falta de recursos económicos, situaciones que suponen un riesgo permanente de abandonarla. Respecto al acceso a la alimentación, los principales riesgos se encuentran en la falta de control de los peligros asociados a los alimentos, así como la presencia de problemas de desnutrición, principalmente en menores que habitan las zonas rurales.

El trabajo infantil es también una de las principales limitantes para el acceso a los derechos sociales de este grupo. En 2015, se estimaba que 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes, entre cinco y diecisiete años estaban trabajando, es decir, un 8.4% del total de este grupo de población.

En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el CONEVAL destaca diversas recomendaciones para que las y los menores de edad tengan las mismas oportunidades de un desarrollo adecuado:

  • Las políticas públicas enfocadas a la niñez y la adolescencia deben tomar en cuenta las realidades heterogéneas que enfrentan estos grupos poblacionales y atender a la equidad para eliminar las barreras que privan a los más pequeños de un futuro mejor.
  • Atender las necesidades de la primera infancia, pues es una etapa crucial para impulsar el potencial de cualquier persona.
  • Vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para asegurar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos.

Para consultar más información visite el IEPDS 2018

Utilidad de las Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) del CONEVAL

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Entre la información útil y rigurosa que genera el CONEVAL para contribuir a la mejor toma de decisiones en materia de política pública, destacan las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas y las Acciones Federales de Desarrollo Social.

Estas son eficaces herramientas que permiten, a quienes toman decisiones, contar con información sistematizada sobre los programas y acciones que tienen algún vínculo con los derechos sociales, con la dimensión de bienestar económico, y que están incluidos en el Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social.

Contribuyen también a la discusión del proceso presupuestario al brindar una síntesis del desempeño de los programas y, al mismo tiempo, favorecen el desarrollo de capacidades en temas de evaluación al interior de las dependencias de la Administración Pública Federal.

El Consejo genera dos tipos de fichas:

a)    La Ficha de Monitoreo muestra los resultados, la cobertura del programa y brinda información sobre el sector al que pertenece y

b)    La Ficha de Evaluación presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y retos del programa, así como recomendaciones relevantes para su mejora.

Para profundizar en el tema, te invitamos a consultar las 152 Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 2016-2017 correspondientes a 19 entidades y dependencias del gobierno federal, generadas por el CONEVAL.  https://bit.ly/2imUPO1

¡Conoce la Convocatoria 2018 del Fondo Sectorial Conacyt-CONEVAL!

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En 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) crearon el Fondo Sectorial que otorga financiamiento para la formación de recursos humanos y la investigación relacionada con el análisis de la pobreza y el monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social.

¿Quiénes pueden participar?

Universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares; centros de investigación y laboratorios; organizaciones de la sociedad civil; empresas privadas y personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Los posibles beneficiarios deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

¿Qué información debes saber para participar?

Las bases de la Convocatoria 2018-1
Los términos de referencia
Las cuatro demandas del sector

Las demandas del sector son:

• Instrumentos para obtener información de la pobreza y carencias sociales con un nivel de desagregación geográfica mayor.

• Estudios diagnósticos para identificar y caracterizar problemas de desarrollo social en entidades federativas o municipios.

• Desarrollar estrategias que permitan reducir la pobreza y las carencias sociales en las entidades federativas, municipios o localidades.

• Formación de capacidades en análisis de la pobreza, monitoreo y evaluación a nivel local.

Para participar en la Convocatoria 2018 del Fondo Sectorial CONEVAL-CONACYT ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/2EGl1It

Una visión sobre la agenda futura de política social: El Informe de Evaluación 2018 del CONEVAL

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El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 analiza el desempeño de la política de desarrollo social en México con el propósito de que las administraciones (federal, estatales y municipales) cuenten con evidencia e información para la elaboración, monitoreo o evaluación de sus planes y programas de gobierno.

Para elaborar este Informe, el CONEVAL utiliza la evidencia acumulada a lo largo de diez años en los que, además de hacer mediciones de pobreza y evaluaciones a políticas y programas de desarrollo social, ha llevado a cabo investigaciones en áreas tales como el análisis del cumplimiento de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados.

El propósito principal del Informe de Evaluación 2018 es mostrar la evidencia sobre la situación actual del país en relación con los avances y los retos en la pobreza y en el ejercicio de los derechos sociales de la población, poniendo énfasis en los grupos en condición de rezago.
Con la información que ha generado el Consejo podemos saber el desempeño de los programas, acciones y estrategias sociales, cuáles son los avances y cuáles los retos. Esta información complementa la visión que sobre el país tienen otras instituciones y diversos actores económicos y sociales.

Hoy sabemos, por ejemplo, que el combate a la pobreza ha tenido resultados mixtos. De 2008 a 2016 la pobreza se incrementó en 3.9 millones de personas; al mismo tiempo 2.9 millones de personas dejaron de estar en pobreza extrema. Lo anterior es resultado, por un lado, de la reducción de la mayoría de las carencias sociales (aunque hay carencias como la de acceso a la seguridad social que asciende a 55.8 por ciento en 2016) y, por otro lado, el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática. El ingreso de los hogares se ha visto afectado por un bajo crecimiento económico en las últimas décadas, el cual ha tenido un promedio anual en los últimos 24 años de 2.4 por ciento, que equivale a 1.3 por ciento per capita.

Aunado a lo anterior, hay evidencia que México está todavía lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todos los grupos sociales.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 señala tres recomendaciones generales:

1. Continuar con estrategias de coordinación entre dependencias federales y entre órdenes de gobierno, dedicadas a reducir la pobreza multidimensional. Contar con una medición de pobreza de Estado, mandatada por el Congreso y no por un gobierno en particular, ha facilitado la coordinación entre actores en los últimos años.

2. Que la política pública, especialmente la de desarrollo social, tenga como hilo conductor el acceso efectivo a los derechos sociales como mecanismo principal y que, a la vez, permita cerrar las brechas económicas y sociales, que todavía se observan entre diferentes grupos, y generar una mayor igualdad de oportunidades. El acceso efectivo universal a los derechos sociales, junto con el combate a la pobreza, son el mandato de la Constitución.

3. Implementar un esquema de protección social universal que propicie reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para toda la población. Continuar con un esquema fragmentado de salud y de protección social en general, seguirá ocasionando brechas entre grupos sociales e ineficiencias en la economía.

El Informe de Evaluación 2018 se compone de cuatro capítulos:
1. El Desarrollo Social en México a partir de la medición multidimensional de la pobreza 2008-2017.
2. Diagnóstico de los derechos sociales e ingreso de los mexicanos.
3. Brechas en el acceso efectivo de derechos de grupos en desventaja.
4. Planeación de la Política de Desarrollo Social.

Consulta la versión completa del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 en http://bit.ly/2u2CWca