¿Qué aprendimos en 40 años de estrategias de coordinación interinstitucional?

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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),  en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, identificó que uno de los principales obstáculos que podría tener la nueva administración es la fragmentación en el trabajo entre los distintos órdenes de gobierno y la multicausalidad de los problemas sociales; ante esto, la coordinación interinstitucional surge como un componente fundamental para la política social al disminuir la dispersión de esfuerzos y la desarticulación de acciones.

Es por ello que el CONEVAL ha profundizado en el conocimiento sobre las experiencias de coordinación interinstitucional desarrolladas en el país desde 1977 hasta 2017, con el objetivo de consolidar un recuento de buenas prácticas, lecciones aprendidas y elementos positivos que podrían replicarse en el futuro.

En el documento 40 años de estrategias de coordinación interinstitucional para la política de desarrollo en México, el CONEVAL presenta un análisis de seis estrategias de coordinación cuyo objetivo es identificar lecciones aprendidas, desafíos de implementación y buenas prácticas de coordinación interinstitucional, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas.

El documento es un acercamiento puntual al estudio del diseño y la operación de las estrategias de coordinación, que ayuda a entender los tipos de coordinación, así como la combinación de componentes y los supuestos con que han operado y que dan forma a la política social actual.

Las estrategias de coordinación que retoma el análisis son:

  1. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR)
  2. Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, posteriormente Programa de Desarrollo Humano y Oportunidades y, actualmente, Prospera Programa de Inclusión Social)
  3. Programa para el Desarrollo Local (conocido como Microrregiones)
  4. Estrategia Integral para el Desarrollo Social y Económico de los Municipios con el Menor Índice de Desarrollo Humano (Estrategia 100×100)
  5. Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH)
  6. Estrategia Nacional de Inclusión (ENI).

De los resultados del estudio de cada una de estas estrategias, se realiza un análisis  que permite comprender cómo han evolucionado las formas específicas de coordinación, la definición de los problemas que se han pretendido atender, y se explica cómo se han definido los espacios para la toma de decisiones conjuntas, así como el alcance de esas decisiones.

Del análisis de las seis estrategias mencionadas, se identifican siete lecciones que buscan servir en la mejora del diseño e implementación de estrategias similares en el futuro:

  1. Cualquier estrategia de coordinación, para ser efectiva, requiere partir de una serie de decisiones secuenciadas: a) una definición del problema público; b) población que lo padece; c) factores que generan el problema; d) secuencia coherente de las intervenciones de los programas que son necesarios para atender el problema; e) actores con autoridad sobre dichas intervenciones; f) espacio de decisión; g) decisiones conjuntas, y h) acciones articuladas.
  2. Para tener una estrategia de coordinación efectiva se requiere información de calidad, oportuna y que sea utilizada para tomar decisiones sobre el diseño y operación.
  3. La escala/tamaño de la estrategia debe estar determinada por el problema que busca atender, así como por el modelo de coordinación para hacerlo.
  4. Solo a partir de la definición del problema será posible precisar la población que lo padece y, entonces, definir la estrategia de focalización necesaria para atenderla.
  5. Una estrategia de coordinación eficaz requiere tener claramente definido el papel que tendrán los recursos presupuestales como herramienta para articular la operación de los componentes de la estrategia.
  6. Una estrategia de coordinación eficaz requiere una plataforma de decisión con la autoridad suficiente para modificar su diseño y operación.
  7. La definición del conjunto de actores que participará en la toma de decisiones deberá estar en función del modelo de coordinación y del problema que se quiera resolver, así como del tipo de decisiones que necesitan ser tomadas.

El documento 40 años de estrategias de coordinación interinstitucional para la política de desarrollo en México está organizado en cuatro capítulos: en el primero se explican las categorías analíticas para estudiar la coordinación; en el segundo, se presenta un estudio de la evolución de la coordinación interinstitucional en las últimas cuatro décadas para comprender las formas en que han cambiado las estrategias, los resultados de cada una y los desafíos no resueltos, así como hallazgos sobre el funcionamiento de las estrategias de coordinación en la política social; en el tercer capítulo se comparte un análisis descriptivo de cada estrategia: la forma en que se planeó la toma de decisiones conjunta y la articulación de acciones y su funcionamiento real; y finalmente, en el cuarto capítulo se ofrecen lecciones sobre los tipos de coordinación, los desafíos de implementación y elementos mínimos que cualquier estrategia de coordinación debería contar.

 

Retos para que los grupos vulnerables accedan al derecho al trabajo digno

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El CONEVAL publicó el “Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018” y entre sus principales hallazgos se revela una extendida precariedad laboral en el país agravada por razones de sexo y edad, así como entre los grupos más vulnerables.

A continuación, te presentamos los principales retos para cerrar las brechas en el acceso a empleos de calidad en los grupos en situación de desventaja:

  • Es necesario facilitar el acceso de las mujeres al servicio de guarderías, ampliar sus horarios y flexibilizar el tiempo de trabajo de acuerdo con las necesidades de las trabajadoras.
  • En el caso de los jóvenes, es necesario favorecer una inserción laboral en empleos formales, dado su impacto en su trayectoria laboral. Se requiere contar con políticas focalizadas en los jóvenes más vulnerables, como los que tienen una menor escolaridad, carecen de experiencia o pertenecen a un estrato socioeconómico bajo.
  • Con respecto a los asalariados del campo (jornaleros agrícolas, que representan poco menos de la mitad de los trabajadores agropecuarios) es indispensable la formalización de sus empleos a través de contratos escritos e inscripción en la seguridad social, ya que carece de ello 86.8% de quienes están en esa ocupación.
  • En el caso de la población hablante de lengua indígena, poco más de la mitad es asalariada (55.2%), frente a 67.3% de la que no habla lengua indígena, lo que marca la importancia de favorecer su inserción en esa posición, ya que es la que asigna derechos en la legislación nacional. Por último, también debe atenderse la brecha en cuanto al acceso a prestaciones laborales, ya que solo 35.9% tiene acceso al Servicio de Ahorro para el Retiro (que sería un indicador de formalidad), mientras el 2% de la población ocupada no hablante de lengua indígena lo tiene.

    Descarga y consulta el “Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018”.  https://goo.gl/EbCN9T