Firma CONEVAL convenio de coordinación con el Gobierno de Campeche

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SE COMPROMETE
CON LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Gobierno del estado de Campeche firmaron Convenio de Coordinación para impulsar la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social del estado.

La firma del Convenio fue encabezada por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, y el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Chanona Echeverría. Además asistieron América Azar Pérez, Secretaria de Finanzas; Hilda Velázquez Rodríguez, Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Christian Castro Bello, Delegado de la SEDESOL, y Gonzalo Brito Herrera, Secretario de Protección Civil del estado.


Durante el evento, el Secretario Ejecutivo de CONEVAL aseguró que el gran reto para medir la pobreza multidimensionalmente tiene que ver con la coordinación de todas las dependencias, ya que no sólo es función de la Secretaría de Desarrollo Social, “así lo determinó la Ley General de Desarrollo Social, aprobada en 2005 por todos los partidos políticos, al definir la medición de la pobreza a través de siete indicadores: ingreso, rezago educativo, acceso a la salud, a la alimentación, a la seguridad social, a la calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda”.

El Secretario de Desarrollo Social y Humano del estado de Campeche, Jorge Chanona Echeverría, aseguró que por instrucciones del Gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, “todas las acciones del gobierno deben estar alineadas al impacto de los indicadores de pobreza”. Asimismo, destacó que el gran reto del estado es el tema de los ingresos de las familias campechanas.

Posterior a la firma del Convenio, se realizó una reunión de trabajo en donde el Secretario Ejecutivo de CONEVAL explicó a detalle la medición multidimensional de la pobreza a integrantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado.

El Convenio de Coordinación tiene entre sus objetivos: a) asesorar en el diseño y aplicación del modelo de monitoreo y evaluación que desarrolle la entidad tanto para su política y programas sociales como para sus municipios; b) coordinar con el estado de Campeche las actividades que se realicen, así como designar a las y los servidores públicos que participen en la ejecución de las mismas; c) contribuir en la formación de recursos humanos para impulsar el análisis de la pobreza, el monitoreo y la evaluación de la política social estatal; d) apoyar las asesorías técnicas y capacitación, y e) compartir información pública que se relacione con el convenio signado.

Con este tipo de acciones, el CONEVAL cumple su función como órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las autoridades estatales y municipales, así como como el sector social y privado.

La evaluación de la política social y de los programas sociales tiene la finalidad de generar información objetiva para su mejora continua.

Un mecanismo de evaluación sólido fortalece la transparencia y la rendición de cuentas al informar a la ciudadanía, quien aporta los recursos para la ejecución de la política social, sobre los resultados de las diferentes acciones.

Al generar la información sobre la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales y hacerla pública, el CONEVAL contribuye para que las autoridades federales, estatales y municipales desarrollen políticas públicas con base en datos objetivos para lograr el bienestar de la ciudadanía, la cual cada día exige mayor rendición de cuentas.

El CONEVAL considera que aunque las entidades federativas han hecho esfuerzos importantes en materia de evaluación, aún existe el reto de impulsar la generación de evaluaciones externas e independientes de programa sociales estatales para mejorar la política social en las entidades federativas. Asimismo, al hacer públicas dichas evaluaciones se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

El CONEVAL ha firmado convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, CDMX, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Nuevo León y Quintana Roo.

25 años de Política Social (y Económica)

Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL
@GHLicona

Hay al menos dos señales de éxito en una sociedad: a) cuánto valor agregado (económico, político y social) se genera y b) que todos tengan oportunidades similares de participar en lo primero. El segundo punto no sólo es por justicia social. La eficiencia en la generación del valor agregado, como el PIB, se ve afectada cuando hay muy pocos participantes en la sociedad.

¿Qué hacer para cumplir con ambos elementos?

  1. Generar condiciones para que todos puedan participar: desarrollo de infraestructura, castigar discriminación y exclusión, castigar monopolios, eliminar el capitalismo de cuates, fomentar la participación de todos los grupos, tener eficientes sistemas financieros, promover estabilidad económica, fomentar la protección de los derechos de todos.
  2. Brindar las herramientas necesarias para que la población en desventaja tenga oportunidades similares a las de cualquier persona para participar en alguna actividad.

Si tuviéramos que dividir el trabajo, a la política social (Secretaría de Salud, Educación, Conapred, CNDH, Sedesol, Sedatu) le tocaría asegurarse que los hogares tengan suficientes capacidades educativas, de salud, financieras, alimentarias, de protección contra la discriminación y la exclusión, parar igualar las oportunidades de todos en la sociedad diversa con que contamos. Ni más ni menos cumplir la Constitución en materia de acceso efectivo a los derechos.

A la política económica le tocaría generar condiciones para que existan oportunidades y empleos. Aquí intervienen la Secretaría de Economía, Hacienda, Sagarpa (en su versión productiva), Trabajo, el Banco de México, Cofece, la banca de desarrollo.

¿Hemos cumplido con lo anterior en 25 años? Usted juzgue el ámbito económico: Entre 1992 y 2016 el PIB por persona ha tenido un crecimiento promedio anual de sólo 1.1% (en Corea del Sur, Chile y Brasil ha sido de 4.1, 3.5, y 1.5 por ciento, respectivamente).

En cuanto a la política social, la cobertura de servicios básicos se ha incrementado, como lo muestra el Cuadro 1, especialmente para los hogares más pobres. Pero también existen problemas importantes: a) la calidad de los servicios educativos y de salud es precaria para la población con menos ingresos, b) en 2017 se contabilizan cerca de 5,500 programas sociales en todo el país, muchos de los cuales no muestran impacto positivo en la sociedad, c) se han generado apoyos diferenciados para población formal e informal, fragmentando la política social y d) hay brechas enormes en grupos sociales concretos.

En este último punto, por ejemplo, mientras en 2014 el 45.9% de los adultos mayores eran pobres en el país, el 75.5% de adultos mayores que eran mujeres indígenas estaba en pobreza. En materia de género siguen existiendo brechas muy grandes: la participación de mujeres en los congresos de Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Puebla, es de sólo 8, 12, 14 y 14.6 por ciento respectivamente.

Cuadro 1: Veinticinco años de evolución de las carencias sociales, México, 1990-2015

Es decir, hemos tenido en 25 años una muy pobre generación de valor económico; sí hemos mejorado coberturas básicas, especialmente para los hogares más pobres, pero estamos todavía muy lejos de que todos los grupos sociales tengan oportunidades similares de participación económica, política y social.

Lo anterior se refleja en dos resultados mixtos en materia de pobreza: a) la pobreza, que es la consecuencia de la política económica más la política social, no ha cambiado en 25 años (53.1% en 1992 y 53.2% en 2014); b) la pobreza extrema ha disminuido debido a la acción focalizada de algunos programas en los hogares más pobres (11.3% en 2010 y 9.5% en 2014).

Para mejorar estos resultados, en los siguientes 25 años será imperativo tener un crecimiento económico por arriba del 5%. Se requiere también tomar como hilo conductor el acceso efectivo a los derechos, y tener una estrategia de inclusión plena que distribuya mejor el poder entre los diferentes grupos sociales. Lo anterior es una mejor estrategia que simplemente hacer entregas a beneficiarios, lo cual se presta a ocurrencias y a favorecer apoyos políticos.

Una sociedad que produce poco valor agregado, y éste es generado por relativamente pocas personas, no es muy exitosa: no es ni justa ni eficiente.